aborto

Funerales para abortos en Texas

A partir del 19 de diciembre en Texas, será obligatorio que los tejidos fetales, producto de abortos, sean cremados o enterrados, sin importar su estado de desarrollo, ni siquiera si apenas superan el tamaño de un chícharo. Si estas medidas entran en vigencia el costo de un aborto se disparará para las mujeres, que se verán forzadas a gastar un montón de dinero después de cualquier interrupción de un embarazo, sin contar con los costos emocionales de esta absurda revictimización. (más…)

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Negarle el aborto a una niña violada es decirles a las mujeres que sus vidas no importan

Columna publicada en Univisión el 4 de agosto de 2016.

En mayo, una niña indígena huichola de 13 años, Citlali, fue violada por un conocido de la familia en el estado de Sonora. Citlali hace parte de una estadística: en México, una de cada cuatro niñas es violada antes de cumplir los 18 años. Los exámenes certificaron la violencia física y el daño psicológico, pero las autoridades se negaron a darle a la niña retrovirales o anticonceptivos de emergencia como manda la ley. Un mes después, cuando la familia se dio cuenta de que la niña estaba embarazada, en el hospital le negaron rotundamente el acceso a la interrupción del embarazo.

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Ser persona

Columna publicada el 9 de julio de 2016 en El Heraldo.

Con frecuencia la discusión sobre el derecho al aborto pasa por una convincente falacia de los anti-derechos “abortar es matar una vida”. Esto es cierto en tanto que el embrión o el feto están vivos (como lo están muchas células del cuerpo), pero ni los fetos ni los embriones son “bebés” o “personas” o “individuos”. Los bebés, las personas y los individuos, para serlo, necesitan haber nacido, y existir de manera independiente de su madre. No se puede comparar la vida de un embrión con la vida de una persona, que tiene amigos, historias, recuerdos, redes, planes, metas, sueños.

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Texas para las mujeres

Columna publicada en Univisión el 20 de junio de 2016.

Una cosa es tener un derecho y otra poderlo usar. En el 2013 el estado de Texas pasó dos leyes que hacen parte de lo que hoy se conoce como HB2 (House Bill 2), una serie de restricciones impuestas sobre las clínicas prestadoras del servicio de interrupción del embarazo. Restricciones absurdas, inútiles y casi imposibles de cumplir, que obligaron a cerrar varias clínicas (de 44 solo quedaron 19 y varias están a punto de cerrar) y a que muchas mujeres recurrieron a abortos clandestinos e inseguros. El argumento de los antiderechos era que estas no eran restricciones sino exigencias para que las mujeres pudieran abortar en condiciones más seguras, pero eran más de 90 páginas de regulaciones que iban desde el ancho de los pasillos hasta que los médicos que realizan abortos debían estar autorizados a ejercer en hospitales y las clínicas deben respetar las mismas pautas que los hospitales para la cirugía en pacientes ambulatorios, lo cual es absurdo y exagerado dado que un aborto puede ser un procedimiento tan sencillo como una colonoscopia.

El caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en medio del suspenso, pues muerte del ministro Anthonie Scalia dejó a la corte con un número par y si la discusión acababa en un empate la restricciones de la HB2 quedarían intactas, y sin duda el movimiento anti-derechos empezaría a replicar la estrategia en otros estados. Era una de esas situaciones en donde se gana o se pierde todo.

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Alcalde Peñalosa: ¿qué pasa con los Centros Amigables?

Columna publicada el 25 de mayo de 2016 en El Espectador.

Parece que los Centros de Servicios Amigables en salud sexual y reproductiva para las mujeres, de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, han suspendido funciones desde que llegó Peñalosa.

Los Centros Amigables fueron creados durante la pasada administración para prestar servicios de información y atención en salud sexual y reproductiva. Entre esos servicios, por supuesto, estaba el de la interrupción voluntaria del embarazo, bajo las tres consabidas causales establecidas en la Sentencia C-355, que acaba de cumplir diez años. Los Centros han funcionado en varios hospitales de la red pública hospitalaria de Bogotá y prestado servicios a mujeres que se encuentran en situación vulnerable (el aborto nunca ha sido del todo inaccesible para las clases altas). En 2013 me entrevisté con una de las médicas prestadoras del servicio en el Hospital de Suba, quien me contó del caso de una mujer, madre soltera, con tres hijos: uno con una discapacidad cognitiva severa y el mayor con un trastorno psiquiátrico que lo llevó a pegarle a su madre durante un embarazo y le produjo aborto séptico. La mujer había quedado embarazada de nuevo y se acercó al Centro para un aborto por causal salud mental. Este es uno de los tantos casos que hasta hace poco llegaban a los Centros, que han sido una forma efectiva de garantizar el acceso al derecho al aborto de manera transparente; y por eso han sido una opción vital para muchas mujeres: casi 1.100 al año, más del 20 % del total de los abortos practicados en la red pública (5.000 en promedio).

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Aborto, maternidad y libertad

Columna publicado el 11 de mayo de 2016 en El Espectador.

Esta semana, en Colombia hubo dos celebraciones aparentemente opuestas: el día de la madre y los diez años del derecho al aborto. Estas celebraciones en realidad convergen en que celebran decisiones reproductivas de las mujeres que, en tanto personas y ciudadanas, tenemos el derecho a elegir qué tipo de relación tener con la maternidad. Sin embargo, estos temas, maternidad y aborto, parecen un oxímoron y esta oposición ha sido usada para restringir la libertad de elección de las mujeres.

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El derecho al aborto y la construcción de ciudadanía

Artículo publicado en el Especial del periódico El Espectador en conmemoración de los 10 años del derecho al aborto en Colombia.

Hace diez años comenzó una conversación a nivel nacional sobre los derechos que tienen las colombianas sobre sus cuerpos, una conversación que ha construido una ciudadanía crítica, que exige y defiende sus derechos.

Antes de 2006, Colombia tenía uno de los marcos legales más restrictivos del mundo con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, una prohibición total. Las mujeres seguían muriendo por abortos inseguros y el debate no estaba en la agenda de los medios de comunicación. La despenalización del aborto en Colombia era algo que las feministas venían discutiendo desde hacía años: La mesa por la vida y salud de las mujeres se formó a mediados de los noventa para crear estrategias de despenalización, que en un comienzo, estuvieron orientadas a crear nuevas leyes, o cambiarlas, desde el Congreso. Pero, un tema tan impopular como la despenalización del aborto difícilmente sería bandera de nuestros congresistas.

El proyecto Laicia:  Litigio de Alto Impacto en Colombia, partió de ese trabajo que durante años había estado haciendo el movimiento de mujeres, y juntó a médicos, abogados y periodistas, alrededor de una tutela presentada por la abogada Mónica Roa, que, desde la organización Women’s Link Worldwide, demandó la despenalización del aborto por ser inconstitucional. La tutela llegó a la Corte, acompañada de una estrategia de comunicaciones que elevó enormemente el debate en los medios: las fuentes dejaron de ser, únicamente “feministas versus sacerdotes”, se incluyó una perspectiva legal, médica y técnica, y se empezó a hablar del aborto como una necesidad para resolver un problema de salud pública: las colombianas se estaban muriendo cruelmente por abortos clandestinos (además de otros problemas relacionados como embarazos riesgosos o niños y niñas abandonadas). El caso de Martha Sulay González, una mujer con hijas que mantener, enferma de cáncer, y que no pudo abortar para salvar su vida, le dió otra cara a las mujeres que necesitaban interrumpir su embarazo. Gracias a ella, Colombia, o al menos una parte del país, pudo entender que la despenalización total acaba con muchas más vidas que las que pretende salvar. Martha Sulay alcanzó a vivir para ver el aborto despenalizado, murió un año después, en 2007, dejando cuatro hijas, y un ejemplo de valentía y fortaleza para todo el país.

En mayo de 2006, la Corte Constitucional declaró, en la Sentencia C-355, que el aborto en Colombia era un derecho en las tres consabidas causales: malformaciones del feto incompatibles con la vida, violencia sexual, y cuando está en peligro la vida o la salud de  la mujer. Colombia pasó de ser uno de los países más restrictivos del mundo con respecto a este derecho a ser un líder en la vanguardia progresista de la región. La sentencia se convirtió en un hito porque fue el comienzo un movimiento de despenalización por causales en toda América Latina. También nos mostró, a la ciudadanía en Colombia, que había otra manera de defender nuestros derechos, desde los argumentos y sin el populismo de los políticos, desde el marco de la Constitución de 1991 y a través de la Corte Constitucional, una revolución orientada a la rama judicial y no a la legislativa. Esto tuvo un impacto importante en el movimiento de derechos humanos en Colombia, y desde entonces, y por la misma vía, hemos logrado garantizar otros derechos, como la adopción por parte de parejas del mismo sexo y el matrimonio igualitario.

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