Alejandro Ordóñez

Por qué el reggaetón no es más machista que tú

Columna publicada el 9 de abril de 2017 en Univisión.

Esta semana el cantante de reggaetón Maluma recibió una condecoración de manos gobernador del departamento de Antioquia en Colombia. Luis Londoño (más conocido como Maluma) tiene 23 años, nació en Medellín, capital del departamento, y hoy es uno de los cantantes de reggaetón más exitosos a nivel internacional. Pero el reconocimiento provocó  la indignación de las redes sociales. A muchos les pareció terrible que una condecoración así se dedicara a un cantante de reggaetón, e incluso llegaron a comparar al Maluma con Alejandro Ordóñez, ex procurador de Colombia, destituido por corrupción y por haber usado el poder de su cargo para perseguir los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI en Colombia. El argumento en contra de Maluma es que sus letras y canciones “humillan y denigran a las mujeres” y este argumento se apoya en una columna de opinión de Yolanda Domínguez, publicada en el Huffington Post, que critica la canción 4 Babys.

Antes de continuar sería bueno detenerse en la letra de la polémica canción, en la que Maluma habla encuentros sexuales con cuatro mujeres. Esto no es en sí algo violento. De hecho, en un verso de la canción dice que “ninguna le pone pero”, algo que hasta puede interpretarse como una forma de consentimiento. Sí, la canción habla de sexo. Sí, para variar es un hombre con muchas mujeres. No, no nos habla de la personalidad o las historias de vida de estas mujeres y aunque no será la mejor canción del mundo, tampoco es un paradigma del sexismo o una apología a la violencia. Su verso más problemático es, quizás, “La otra medio psycho y si no la llamo se desespera”, por aquello de que uno no puede estarle diciendo psicópata a cualquiera, ni está chévere acusar a las mujeres de eso por tener ansiedad con el teléfono. Otras canciones de Maluma, como el ya clásico Borre cassette o Chantaje –su legendario dúo con Shakira– ponen a las mujeres en una situación de poder frente a él. De hecho, al menos Maluma no tiene el sexismo benevolente de otros reconocidos cantantes colombianos como Carlos Vives (piensen en La Cartera) o Juanes, que literalmente tiene una canción titulada “Malparida”.

¿Si Maluma no alcanza a ser más machista que otros ídolos de la música mainstream colombiana, por qué es el único que recibe las críticas? Si el llamado a rechazar la música machista fuera genuino, se extendería a todos los géneros y no se dedicaría sólo al reggaetón. Si la preocupación por el impacto que los símbolos de la cultura tienen en la vida de las mujeres fuera real, los colombianos no estarían pidiendo que “perdonemos” al futbolista Pablo Armero, llamado a jugar en la selección Colombia, la pesar de que el año pasado protagonizó un escabroso episodio de violencia doméstica en un hotel de Miami cuando su esposa no quiso tener sexo con él y él, en respuesta, le pegó y le arrancó las extensiones del pelo. Parece que para los colombianos esto último es perfectamente perdonable. En cambio, ser artista de reggaetón parece ser la mayor afrenta contra las mujeres.

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El derecho al aborto y la construcción de ciudadanía

Artículo publicado en el Especial del periódico El Espectador en conmemoración de los 10 años del derecho al aborto en Colombia.

Hace diez años comenzó una conversación a nivel nacional sobre los derechos que tienen las colombianas sobre sus cuerpos, una conversación que ha construido una ciudadanía crítica, que exige y defiende sus derechos.

Antes de 2006, Colombia tenía uno de los marcos legales más restrictivos del mundo con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, una prohibición total. Las mujeres seguían muriendo por abortos inseguros y el debate no estaba en la agenda de los medios de comunicación. La despenalización del aborto en Colombia era algo que las feministas venían discutiendo desde hacía años: La mesa por la vida y salud de las mujeres se formó a mediados de los noventa para crear estrategias de despenalización, que en un comienzo, estuvieron orientadas a crear nuevas leyes, o cambiarlas, desde el Congreso. Pero, un tema tan impopular como la despenalización del aborto difícilmente sería bandera de nuestros congresistas.

El proyecto Laicia:  Litigio de Alto Impacto en Colombia, partió de ese trabajo que durante años había estado haciendo el movimiento de mujeres, y juntó a médicos, abogados y periodistas, alrededor de una tutela presentada por la abogada Mónica Roa, que, desde la organización Women’s Link Worldwide, demandó la despenalización del aborto por ser inconstitucional. La tutela llegó a la Corte, acompañada de una estrategia de comunicaciones que elevó enormemente el debate en los medios: las fuentes dejaron de ser, únicamente “feministas versus sacerdotes”, se incluyó una perspectiva legal, médica y técnica, y se empezó a hablar del aborto como una necesidad para resolver un problema de salud pública: las colombianas se estaban muriendo cruelmente por abortos clandestinos (además de otros problemas relacionados como embarazos riesgosos o niños y niñas abandonadas). El caso de Martha Sulay González, una mujer con hijas que mantener, enferma de cáncer, y que no pudo abortar para salvar su vida, le dió otra cara a las mujeres que necesitaban interrumpir su embarazo. Gracias a ella, Colombia, o al menos una parte del país, pudo entender que la despenalización total acaba con muchas más vidas que las que pretende salvar. Martha Sulay alcanzó a vivir para ver el aborto despenalizado, murió un año después, en 2007, dejando cuatro hijas, y un ejemplo de valentía y fortaleza para todo el país.

En mayo de 2006, la Corte Constitucional declaró, en la Sentencia C-355, que el aborto en Colombia era un derecho en las tres consabidas causales: malformaciones del feto incompatibles con la vida, violencia sexual, y cuando está en peligro la vida o la salud de  la mujer. Colombia pasó de ser uno de los países más restrictivos del mundo con respecto a este derecho a ser un líder en la vanguardia progresista de la región. La sentencia se convirtió en un hito porque fue el comienzo un movimiento de despenalización por causales en toda América Latina. También nos mostró, a la ciudadanía en Colombia, que había otra manera de defender nuestros derechos, desde los argumentos y sin el populismo de los políticos, desde el marco de la Constitución de 1991 y a través de la Corte Constitucional, una revolución orientada a la rama judicial y no a la legislativa. Esto tuvo un impacto importante en el movimiento de derechos humanos en Colombia, y desde entonces, y por la misma vía, hemos logrado garantizar otros derechos, como la adopción por parte de parejas del mismo sexo y el matrimonio igualitario.

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Protocolo para el procurador

Columna publicada el 11 de febrero de 2016 en El Espectador.

Uno de los logros más importantes en materia de derechos de las mujeres el año pasado fue la sentencia C-754 que obliga a los prestadores de salud a aplicar el Protocolo de atención en salud para víctimas de violencia sexual. Aunque en el 2012 el Ministerio de Salud dijo que era obligatorio aplicarlo, dos años después el artículo 23 de la ley 1719 dijo que era opcional. Esto es grave pues, según cifras de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Salud, durante los dos años en que el Protocolo fue obligatorio se registraron 52.000 mujeres y niñas víctimas de violencia sexual y el 40% no recibió ningún tipo de apoyo específico para su situación en el sistema de salud. Gracias a la sentencia es obligatorio para las EPS practicar un aborto legal cuando una mujer víctima de violencia sexual lo pida, y además practicar exámenes y ofrecer medicamentos para tratar y detectar enfermedades de transmisión sexual, brindar anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado y apoyo en salud mental.

Como no puede haber en Colombia avance alguno en derechos para las mujeres que el procurador no persiga, Ordóñez acaba de presentar una nulidad para la sentencia, ¡adivinen por qué! Porque el Protocolo le ayuda a las víctimas de violencia sexual su ya reconfirmado derecho a una interrupción legal y oportuna del embarazo. Antes Ordóñez cantaba otra tonada: en el Boletín 002 del 3 de enero de 2013, en el que la Procuraduría presentó un balance en materia de seguimiento a los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, dice que “no todos los médicos cumplen con la obligación de reportar el evento de VS [Violencia Sexual] ni las EPS de denunciar; no existe claridad en las instituciones orientadoras, ni en los prestadores del servicio sobre la obligación de la atención de la VS como urgencia, sin importar si la persona está o no afiliada”. Además resalta que “la atención en salud mental es escasa y, en algunos casos, inexistente; no se puede concluir entonces que haya una real rehabilitación física y mental de las víctimas y sus familias” y llega a solicitar “elaborar a la mayor brevedad los protocolos de atención psicosocial”. En su momento el boletín debió servir para que la Procuraduría dijera que sí hacía algo por las mujeres, pero hoy Ordóñez se destapa y pide descaradamente la nulidad de lo que antes encontraba pertinente.

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El tatequieto

Columna publicada el 22 de julio de 2015 en El Espectador.

El procurador Ordóñez nos ha dicho muchas mentiras graves. Por ejemplo, dijo que no se podían suspender las aspersiones de glifosato porque no estaba probado que le hiciera daño a nadie, negando a todas las mujeres que han sido afectadas en su fertilidad (parece que Ordóñez no tiene remilgos con los abortos, siempre y cuando las mujeres no puedan decidir).

La Procuraduría también dijo que la anticoncepción de emergencia es abortiva, cuando su mismo nombre indica lo contrario, y hasta tuvo un rato frenada la inclusión del misoprostol al POS diciendo que no está aprobado por la OMS. Las mentiras de la Procuraduría impiden que tengamos autonomía sobre nuestros cuerpos.

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