Corte Constitucional

Lo político y lo correcto

Columna publicada el 20 de abril de 2017 en El Espectador.

La semana pasada, la Corte Constitucional emitió un fallo en el que se defiende a Héctor Sánchez quien, junto con sus padres, tuvo que soportar el matoneo y la discriminación de sus vecinos en Barranquilla por su orientación sexual durante 23 años. “Te voy a matar, marica hijueputa”, le decían a diario, y es evidente, por el contexto, que aquí la palabra “marica” se decía con sorna y odio, con intención de discriminación. Pero el fallo de la Corte no es contra una palabra, sino sobre su uso, pues la comunicación humana es tan compleja que podemos insultar y discriminar de múltiples maneras, y hasta con cosas tan mínimas como una mirada. Se trata de no caer en la trampa de perseguir las palabras, o las miradas, pensando que estamos atacando la discriminación.

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Ser gay en el Portal del Prado

Columna publicada el 16 de julio de 2016 en El Heraldo.

En enero del 2015, Héctor Barrios Peña fue humillado por los guardias de seguridad del centro comercial Portal del Prado en Barranquilla. Cuando salió del baño, tres tipos de vigilancia se le acercaron y le gritaron a los presentes que él se estaba masturbando con otro hombre en el baño. La acusación era falsa e imposible de comprobar porque el baño ni cámaras había. Aun así lo sacaron del centro comercial, gritándole “puerco” y Barrios perdió su trabajo como ejecutivo de cuenta en una empresa, ya que varios de sus clientes observaron la escena en el Portal. Tras el chisme por lo que había sucedido, se quedó sin cartera de clientes. Barrios estuvo nueve meses sin trabajo; finalmente consiguió un empleo –con menor salario– y prefiere no entrar a los baños de los centros comerciales para no recordar el incidente.

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Ser persona

Columna publicada el 9 de julio de 2016 en El Heraldo.

Con frecuencia la discusión sobre el derecho al aborto pasa por una convincente falacia de los anti-derechos “abortar es matar una vida”. Esto es cierto en tanto que el embrión o el feto están vivos (como lo están muchas células del cuerpo), pero ni los fetos ni los embriones son “bebés” o “personas” o “individuos”. Los bebés, las personas y los individuos, para serlo, necesitan haber nacido, y existir de manera independiente de su madre. No se puede comparar la vida de un embrión con la vida de una persona, que tiene amigos, historias, recuerdos, redes, planes, metas, sueños.

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El derecho al aborto y la construcción de ciudadanía

Artículo publicado en el Especial del periódico El Espectador en conmemoración de los 10 años del derecho al aborto en Colombia.

Hace diez años comenzó una conversación a nivel nacional sobre los derechos que tienen las colombianas sobre sus cuerpos, una conversación que ha construido una ciudadanía crítica, que exige y defiende sus derechos.

Antes de 2006, Colombia tenía uno de los marcos legales más restrictivos del mundo con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, una prohibición total. Las mujeres seguían muriendo por abortos inseguros y el debate no estaba en la agenda de los medios de comunicación. La despenalización del aborto en Colombia era algo que las feministas venían discutiendo desde hacía años: La mesa por la vida y salud de las mujeres se formó a mediados de los noventa para crear estrategias de despenalización, que en un comienzo, estuvieron orientadas a crear nuevas leyes, o cambiarlas, desde el Congreso. Pero, un tema tan impopular como la despenalización del aborto difícilmente sería bandera de nuestros congresistas.

El proyecto Laicia:  Litigio de Alto Impacto en Colombia, partió de ese trabajo que durante años había estado haciendo el movimiento de mujeres, y juntó a médicos, abogados y periodistas, alrededor de una tutela presentada por la abogada Mónica Roa, que, desde la organización Women’s Link Worldwide, demandó la despenalización del aborto por ser inconstitucional. La tutela llegó a la Corte, acompañada de una estrategia de comunicaciones que elevó enormemente el debate en los medios: las fuentes dejaron de ser, únicamente “feministas versus sacerdotes”, se incluyó una perspectiva legal, médica y técnica, y se empezó a hablar del aborto como una necesidad para resolver un problema de salud pública: las colombianas se estaban muriendo cruelmente por abortos clandestinos (además de otros problemas relacionados como embarazos riesgosos o niños y niñas abandonadas). El caso de Martha Sulay González, una mujer con hijas que mantener, enferma de cáncer, y que no pudo abortar para salvar su vida, le dió otra cara a las mujeres que necesitaban interrumpir su embarazo. Gracias a ella, Colombia, o al menos una parte del país, pudo entender que la despenalización total acaba con muchas más vidas que las que pretende salvar. Martha Sulay alcanzó a vivir para ver el aborto despenalizado, murió un año después, en 2007, dejando cuatro hijas, y un ejemplo de valentía y fortaleza para todo el país.

En mayo de 2006, la Corte Constitucional declaró, en la Sentencia C-355, que el aborto en Colombia era un derecho en las tres consabidas causales: malformaciones del feto incompatibles con la vida, violencia sexual, y cuando está en peligro la vida o la salud de  la mujer. Colombia pasó de ser uno de los países más restrictivos del mundo con respecto a este derecho a ser un líder en la vanguardia progresista de la región. La sentencia se convirtió en un hito porque fue el comienzo un movimiento de despenalización por causales en toda América Latina. También nos mostró, a la ciudadanía en Colombia, que había otra manera de defender nuestros derechos, desde los argumentos y sin el populismo de los políticos, desde el marco de la Constitución de 1991 y a través de la Corte Constitucional, una revolución orientada a la rama judicial y no a la legislativa. Esto tuvo un impacto importante en el movimiento de derechos humanos en Colombia, y desde entonces, y por la misma vía, hemos logrado garantizar otros derechos, como la adopción por parte de parejas del mismo sexo y el matrimonio igualitario.

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Un tintico no se le niega a nadie

Columna publicada el 4 de noviembre de 2015 en El Espectador.

Escribo esta columna después de la audiencia de los candidatos a la Corte Constitucional frente al Senado y antes de que se realice su elección.

Cualquiera de los candidatos está a años luz de varios que llegaron con el guiño de Uribe, como Rojas y Pretelt, quienes, como magistrados constitucionales, son excelentes villanos de Disney. Hasta el martes por la mañana, antes de la audiencia, el escenario era muy claro: iba a ganar Linares, el gallo del presidente, que hizo una campaña “muy fuerte” y hasta puso oficina en el Hotel de la Ópera. El chisme en los pasillos era que el candidato del presidente no podía perder por poco, porque se trata de enviar un mensaje sobre la fortaleza de la Unidad Nacional. Según algunos rumores, hasta el Centro Democrático se tragaría el sapo de votar por Linares y el Polo, que cree que todo lo que existe a la derecha de Robledo (es decir, casi todo) es la extrema derecha, se decantaría por Magdalena Correa.

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El lobo feroz

Columna publicada el 8 de agosto de 2015 en El Heraldo

Esta semana encontraron muerta a la joven Natalia Seña Bernier, de 15 años, junto al cadáver de un hombre de 22 años. La adolescente llevaba varios días desaparecida y finalmente hallaron su cuerpo en Medicina Legal. Vellojín resultó ser un completo extraño para la familia, y se descubrió que Natalia  lo había conocido por Facebook. A través de chats, el tipo le decía que él estaba muy solo y que quería suicidarse y ella intentaba animarlo. “Debemos tener acceso a las redes sociales para informarnos de posibles personas que les quieren hacer daño”, dijo a Noticias Caracol la tía de la joven, Katherine Rodríguez.

Precisamente esta misma semana la Corte Constitucional sacó una sentencia en donde dice que los padres están autorizados a revisar los correos y las redes sociales de sus hijos. La sentencia se origina por un caso de violación sexual a una menor. El crimen fue descubierto por los padres de la niña, que al revisar sus redes sociales descubrieron que este abusador la drogaba para violarla. En el juicio, los correos no sirvieron como prueba, porque un juez lo calificó de violación al derecho a la intimidad. Por eso la Corte sentó jurisprudencia y dijo que ese derecho no aplica en este caso y que los padres tienen potestad cuando un menor se encuentre “en peligro e indefensión”.

Sin duda la sentencia es necesaria. También hay que admitir que, en casos extra-juicio, los padres que quieran revisar las redes de sus hijos lo harán con o sin permiso de la Corte Constitucional. Pero, también es importante reconocer que los adolescentes les han mentido a sus padres hoy y siempre. El problema no está en las redes sociales. El derecho a la privacidad, como muchos derechos, es incremental. Cuando una persona es un bebé su derecho a la privacidad frente a sus padres es cero, y este va en aumento poco a poco hasta llegar a las 18, que sí, es una cifra arbitraria para dar cuenta de la madurez, pero en alguna línea teníamos que ponernos de acuerdo. En todo caso, el derecho a la privacidad es algo que se negocia con los padres, conforme ellos consideren que su hijo tiene las herramientas para bandearse solo, o al menos sería así en un mundo ideal. Muchos padres que espían a sus hijos –con las mejores intenciones– quizás no entiendan las interacciones que tienen, o hasta ataquen su derecho al libre desarrollo de la personalidad (como si un padre o madre homofóbico descubre que su hijo o hija es gay).

Al final, no hay vigilancia suficiente para mantener seguros a los hijos, que cada día son personas más autónomas, y la única manera de proteger a alguien es entender que no basta con “darle pescado”, toca enseñarle a pescar. Esto es lo que nos enseña el cuento de Caperucita Roja, escrito pensando en las niñas que son llamativas, cuando caminan por un mundo hostil y lleno de impunidad, en donde se atraviesan ‘lobos’ (que debido al machismo y la misoginia son muchísimos) que tratarán de engañarlas. Vigilar o no es irrelevante si no somos capaces de darles a las adolescentes más amor para que sean menos vulnerables al acoso, herramientas para identificarlo y la confianza y el apoyo para contar.

El tatequieto

Columna publicada el 22 de julio de 2015 en El Espectador.

El procurador Ordóñez nos ha dicho muchas mentiras graves. Por ejemplo, dijo que no se podían suspender las aspersiones de glifosato porque no estaba probado que le hiciera daño a nadie, negando a todas las mujeres que han sido afectadas en su fertilidad (parece que Ordóñez no tiene remilgos con los abortos, siempre y cuando las mujeres no puedan decidir).

La Procuraduría también dijo que la anticoncepción de emergencia es abortiva, cuando su mismo nombre indica lo contrario, y hasta tuvo un rato frenada la inclusión del misoprostol al POS diciendo que no está aprobado por la OMS. Las mentiras de la Procuraduría impiden que tengamos autonomía sobre nuestros cuerpos.

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