Women’s Link Worldwide

¿Palabras necias, oídos sordos?

Columna publicada el 16 de noviembre de 2016 en El Espectador.

En 2012 trabajaba como oficial de comunicaciones en Women’s Link Worldwide y una de mis tareas era observar y llevar registro del matoneo que Mónica Roa recibía en internet en respuesta a su trabajo en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia.

Era como sumergirse en un fétido estercolero para separar el odio en sus diferentes vetas. A finales de abril de ese año el matoneo se hizo más intenso y en vísperas del 10 de mayo (aniversario de la Sentencia 355/06) alguien disparó a la oficina de la organización. Quienes estaban en la oficina, entre ellas Roa, salieron ilesas, y de recuerdo quedó un hueco en el cristal de la ventana. Por supuesto, no prosperó la investigación de la Fiscalía, así que es imposible saber si ese matoneo en redes tuvo una consecuencia tridimensional, pero hoy recuerdo el incidente a la luz de la radicalización de la extrema derecha en las redes sociales y en la política. Las feministas llevamos un largo rato hablando de los peligros de la creciente misoginia en internet, pero para variar no nos tomaron en serio. Hoy pienso en todas las veces que he escuchado decir “no les hagas caso”, “no alimentes al troll” y en todo el daño que nos ha hecho esa política biempensante de “a palabras necias, oídos sordos”.

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El derecho al aborto y la construcción de ciudadanía

Artículo publicado en el Especial del periódico El Espectador en conmemoración de los 10 años del derecho al aborto en Colombia.

Hace diez años comenzó una conversación a nivel nacional sobre los derechos que tienen las colombianas sobre sus cuerpos, una conversación que ha construido una ciudadanía crítica, que exige y defiende sus derechos.

Antes de 2006, Colombia tenía uno de los marcos legales más restrictivos del mundo con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, una prohibición total. Las mujeres seguían muriendo por abortos inseguros y el debate no estaba en la agenda de los medios de comunicación. La despenalización del aborto en Colombia era algo que las feministas venían discutiendo desde hacía años: La mesa por la vida y salud de las mujeres se formó a mediados de los noventa para crear estrategias de despenalización, que en un comienzo, estuvieron orientadas a crear nuevas leyes, o cambiarlas, desde el Congreso. Pero, un tema tan impopular como la despenalización del aborto difícilmente sería bandera de nuestros congresistas.

El proyecto Laicia:  Litigio de Alto Impacto en Colombia, partió de ese trabajo que durante años había estado haciendo el movimiento de mujeres, y juntó a médicos, abogados y periodistas, alrededor de una tutela presentada por la abogada Mónica Roa, que, desde la organización Women’s Link Worldwide, demandó la despenalización del aborto por ser inconstitucional. La tutela llegó a la Corte, acompañada de una estrategia de comunicaciones que elevó enormemente el debate en los medios: las fuentes dejaron de ser, únicamente “feministas versus sacerdotes”, se incluyó una perspectiva legal, médica y técnica, y se empezó a hablar del aborto como una necesidad para resolver un problema de salud pública: las colombianas se estaban muriendo cruelmente por abortos clandestinos (además de otros problemas relacionados como embarazos riesgosos o niños y niñas abandonadas). El caso de Martha Sulay González, una mujer con hijas que mantener, enferma de cáncer, y que no pudo abortar para salvar su vida, le dió otra cara a las mujeres que necesitaban interrumpir su embarazo. Gracias a ella, Colombia, o al menos una parte del país, pudo entender que la despenalización total acaba con muchas más vidas que las que pretende salvar. Martha Sulay alcanzó a vivir para ver el aborto despenalizado, murió un año después, en 2007, dejando cuatro hijas, y un ejemplo de valentía y fortaleza para todo el país.

En mayo de 2006, la Corte Constitucional declaró, en la Sentencia C-355, que el aborto en Colombia era un derecho en las tres consabidas causales: malformaciones del feto incompatibles con la vida, violencia sexual, y cuando está en peligro la vida o la salud de  la mujer. Colombia pasó de ser uno de los países más restrictivos del mundo con respecto a este derecho a ser un líder en la vanguardia progresista de la región. La sentencia se convirtió en un hito porque fue el comienzo un movimiento de despenalización por causales en toda América Latina. También nos mostró, a la ciudadanía en Colombia, que había otra manera de defender nuestros derechos, desde los argumentos y sin el populismo de los políticos, desde el marco de la Constitución de 1991 y a través de la Corte Constitucional, una revolución orientada a la rama judicial y no a la legislativa. Esto tuvo un impacto importante en el movimiento de derechos humanos en Colombia, y desde entonces, y por la misma vía, hemos logrado garantizar otros derechos, como la adopción por parte de parejas del mismo sexo y el matrimonio igualitario.

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Cuerpos de batalla

Columna publicada el 25 de febrero de 2016 en El Espectador.

Judicializar por abortos forzados a los miembros del bloque José María Córdoba de las Farc, pide la ONG Women’s Link a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Superior de Medellín.  La Fiscalía acusó a los guerrilleros de forzar mujeres de sus filas a abortar, y Women’s Link argumenta que, según el derecho internacional, estos crímenes no se pueden amnistiar y los acusados deben ser juzgados por cometer un crimen de guerra y una grave violación a los derechos humanos.

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Vidas que valgan la pena ser vividas

Columna publicada el 11 de noviembre de 2015 en El Espectador.

Por eso, la organización Women’s Link y la fundación Buen Gobierno organizaron el foro “Aborto legal en Colombia: presente y futuro”, en una de las salas del Congreso de la República. Inicialmente el foro se llevaría a cabo en la Universidad Javeriana, pero, tras la presión de un par de obispos cortesanos y trepadores, la Pontificia se retiró del evento, en contra de la Constitución Ex Corde Ecclesiae, que dice, de manera explícita, que las universidades católicas deben tener autonomía, libertad de cátedra y de investigación.

A pesar de la lamentable reculada de la Javeriana, el foro mostró grandes avances tanto en el marco legal como en el debate público. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, hizo dos anuncios importantes: que se eliminarán restricciones para el acceso al Misoprostol y que se incluirá la Mifepristona en el POS, ambos medicamentos usados en la interrupción del embarazo. Por otro lado, quedó claro que la causal salud mental es válida, es decir, que si una mujer en Colombia siente angustia, ansiedad, o depresión por un embarazo puede elegir pedir legalmente la interrupción del mismo.

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Protesta anti-vida, policía anti-derechos

Columna publicada el 21 de octubre de 2015 en El Espectador.

“40 Días por la Vida” es una campaña de grupos cristianos que se reúnen a rezar frente a clínicas donde se practican abortos legales y seguros.

Muchos dirán que esto es inofensivo; otros, que ejercen su derecho legítimo a la protesta “pacífica”. Pero, ¿qué buscan protestando frente a la clínica de Profamilia? Si quisieran tumbar la Sentencia C355/06, estarían protestando frente a la Corte Constitucional. Es claro que están ahí específicamente para intimidar a las mujeres que quieren acceder de manera legal y segura a un derecho y al personal médico que cumple con sus obligaciones legales. Está bien que las protestas sean incómodas y disruptivas, pero esta protesta, más que pacífica, es pasivo agresiva, y el sentimiento de culpa que genera tiene poco de amor, o caridad, o contenido propositivo en términos democráticos.

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Trece años

Columna publicada el 18 de octubre en El Heraldo.

Acaban de caer dos redes de trata y explotación sexual de niños (especialmente niñas) y adolescentes en Barranquilla y Cartagena. Las autoridades también lograron desmantelar una red en Armenia que estaba vinculada a anillos de trata en la región cafetera y que enviaba a las víctimas a la costa Caribe. En Barranquilla parece que la red de proxenetas buscaba a las niñas en colegios, centros comerciales, redes sociales, y alcanzaron a cooptar a más de 200 adolescentes entre los trece y diecisiete años que promocionaban como “vírgenes”, usando fotografías de sus genitales para concretar servicios de hasta seis millones de pesos. Mientras tanto, en Cartagena, las autoridades realizaron un operativo en Islas del Rosario, donde se celebraba una fiesta con 25 menores de edad que habían llegado engañados y drogados al lugar. Al parecer esta red usaba la fachada de una academia de modelaje con sede en Bocagrande y manejada por la ex reina de belleza popular Kelly Suárez.

Estas capturas recientes muestran cómo han evolucionado las tácticas empleadas por las redes de trata para captar menores y cómo la “subasta de la virginidad” se ha convertido en un problema gigante que amenaza a las niñas y niños de todas las regiones del país. Medellín, Cartagena, Pereira, Barranquilla y Cali ganan cada día más renombre como centros de prostitución infantil y como ciudades de origen y destino para la trata de menores con fines de explotación sexual. También es claro que muchas de las empresas legítimas relacionadas con el turismo, como hoteles y agencias de viaje, y trabajadores independientes (como taxistas que ofician de reclutadores y proxenetas) sirven como facilitadores del abuso infantil e incentivan la prostitución forzada. Eso sin contar las muchas ‘agencias de modelaje’ o de ‘citas para extranjeros’ que se han convertido en fachadas recurrentes para este tipo de delitos. Según Insight Crime, en Colombia hay al menos 35.000 menores de edad que son explotados sexualmente.

A pesar de la alarmante situación, aún hay quienes dicen que el problema es inventado, como la secretaria de Participación Social y Desarrollo, Rocío Castillo, que afirma que “en Cartagena no existe turismo sexual porque aquí no vienen los turistas a eso”. Castillo cree que la explotación sexual a menores (un hecho innegable) existe, pero que no está relacionada con un “imaginario” turismo sexual. ¿Quién cree que son los clientes que abusan de estos niños y niñas? A la indolencia y negación de muchos funcionarios se suma que el Estado difícilmente cumple la Ley 985 de 2005 de asistencia a víctimas. “El Estado colombiano no garantiza integralmente los derechos de las víctimas de trata, por lo tanto las víctimas regresan al mismo contexto de vulnerabilidad donde fue captada, o a uno peor. Las víctimas por serlo no dejan de tener derechos ni se pueden volver la prueba de los casos penales”, dice Ariadna Tovar, directora legal y de incidencia regional para Women’s Link Worldwide.

Ni el Estado ni la ciudadanía pueden negar el problema de la trata y explotación sexual (esclavitud) que enfrentan las niñas y niños de Colombia. De nada sirven las capturas mediáticas si en contextos políticos se sigue negando el problema, si no se les da atención adecuada y garantías a las víctimas y si la ciudadanía sigue viendo la prostitución infantil como algo normal y hasta necesario, mientras da vueltas felices en la pista de baile sin escuchar a Wilfrido Vargas que le canta “eeeeella, llegó por engaños, tiene trece años, el maquillaje la ayudó”.